Se considera discapacitado a toda persona que tiene reconocida legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Las tasas de paro que soporta este sector son más altas de lo habitual.

Los prejuicios sociales, la falta de información de los empresarios sobre los trabajos que pueden desarrollar estas personas y la dificultad de acceso a causa de las barreras arquitectónicas son algunas de las trabas que tienen los discapacitados para encontrar empleo.

Para mejorar la situación, el Gobierno ofrece ayudas a las empresas que contraten a trabajadores discapacitados de forma estable. Podrán beneficiarse de estos planes siempre que mantengan a esos empleados en plantilla por un periodo mínimo de tres años.